En una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló sobre los contratos que se negocian con diversos laboratorios para contar con vacunas para COVID-19 en la Argentina.
Por Bruno Massare
Agencia TSS – Qué se podría acordar con Rusia, por qué debieron ceder a las demandas de la industria farmacéutica con una ley específica y cómo buscan acelerar el protocolo de aprobación de vacunas.
“Todavía no se firmó ningún contrato con ningún laboratorio productor”, sostuvo el ministro de Salud, Ginés González García, en una reunión virtual con integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC) este martes 3 de noviembre. González García se refería a las negociaciones entabladas con laboratorios para la provisión de vacunas para enfrentar la pandemia por COVID-19. Sobre todo después de los rumores que se desataron tras el reciente viaje a Rusia de funcionarios de ese ministerio, entre quienes estuvo la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, también participante de la reunión con la RADPC.
El Gobierno quiere asegurarse contar con dosis de al menos cuatro de las 10 vacunas que actualmente atraviesan los ensayos de fase III (la última antes de ser aprobada su comercialización) en el mundo, de las 248 que están en desarrollo. Estas vacunas son las de AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Janssen y Sputnik V. En la Argentina también se están realizando pruebas clínicas de dos vacunas chinas, las de Sinopharm y CanSino Biologics.
La firma de contratos para la provisión de dosis de vacunas –a riesgo de que no sean aprobadas–, se encuentra muy avanzada. “Se han presentado los avances ante la Comisión Nacional de Inmunización y se ha recomendado avanzar con los contactos para analizar eventuales contratos. Estamos esperando que se promulgue la ley presentada por el diputado Pablo Yedlin y es probable que todo se acelere después de eso”, dijo Vizzotti durante la reunión. La oferta de Rusia por la vacuna Sputnik V es por 25 millones de dosis.
La legislación a la que refiere Vizzotti es la “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19”, aprobada recientemente en el Congreso y objeto de críticas por las cesiones que hace a las demandas de la industria farmacéutica, como indemnidad patrimonial respecto de demandas y otros reclamos.
“Ni bien se promulgue esa ley vamos a firmar con Astra Zéneca, con una capacidad de producción, a partir de marzo y hasta junio, de 22,4 millones de dosis de vacunas. También hemos pagado el anticipo por el fondo COVAX, de la OMS, por 9 millones de vacunas”, dijo González García. “La Argentina va a ser uno de los primeros países en recibir las vacunas de COVAX, a fines de febrero o principios de marzo”, agregó Vizzotti.
“Esa ley es una exigencia internacional, el fondo COVAX nos pide esa ley. No es solo una cuestión de soberanía: de la misma manera que producen a riesgo, los laboratorios quieren diluir ese riesgo. No hay forma de entrar al círculo de la vacuna sin eso, no es que a mí me guste”, justificó el ministro de Salud con respecto a la norma que está a punto de ser promulgada.
Al igual que en las fases de desarrollo, los tiempos se están acelerando al máximo posible. En el caso de la vacuna rusa Sputnik V, actualmente sometida a precalificación de la OMS, las autoridades del Ministerio de Salud dijeron que están trabajando con la OPS para recibir evaluaciones parciales de la OMS. En el caso de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, el laboratorio envía de manera periódica los resultados parciales de las pruebas clínicas a la ANMAT.
“La ANMAT tiene la jerarquía para evaluar cualquier medicamento”, dijo Vizzotti. Ante la pregunta sobre si la urgencia podría implicar que las vacunas fuesen aprobadas antes de finalizados los estudios de fase III, González García respondió: “No se está analizando aprobar algo sin la fase III. Lo que sí se piensa es en hacer análisis interinos, como están haciendo otros países. Las agencias regulatorias pueden ir recibiendo información parcial para analizar y, cuando sea suficiente, se puede tomar una decisión para avanzar con la aprobación de la vacuna. Los laboratorios pueden presentan los ensayos clínicos de manera confidencial, no hace falta un fase III publicado en una revista”.
Los contratos anticipados por la provisión de vacunas para COVID-19 no son una particularidad de la Argentina, sino una práctica que se está generalizando en muchos países del mundo. Estados Unidos firmó contratos con Pfizer y Moderna para acceder a 100 millones de dosis de cada una de esas vacunas, la Unión Europea hizo un acuerdo por 300 millones de dosis con Sanofi/GSK, y Australia cerró un contrato con AstraZeneca por 33,8 millones de dosis, entre muchos otros.
Desde el Ministerio de Salud apuntan a tener disponible un conjunto de vacunas durante el año que viene, un esquema que probablemente se repetirá en la mayoría de los países ya que ningún productor va a tener capacidad para cubrir la demanda mundial en el corto plazo. “Hemos empezado a trabajar con las autoridades provinciales para planificar la logística, que va a ser por desafío por un período bastante importante. También estamos trabajando con Defensa y Seguridad para eso. Nunca hemos tenido un desafío de una vacunación tan masiva y con tanta celeridad. La vacuna va a ser gratuita, es decir, la va a pagar el Estado, y va a ser distribuida de manera equitativa entre las provincias”, dijo González García.
Si bien todavía quedan interrogantes sobre cuáles de las vacunas serán finalmente aprobadas, su porcentaje de efectividad y por cuánto tiempo asegurarán inmunidad, se estima que, en una primera etapa, en la Argentina se comenzará por la vacunación de unas 12 millones de personas: mayores de 60, personal de salud y de las fuerzas de seguridad, y quienes se ubican entre los 18 y 59 años y tienen factores de riesgo.
