La presidenta de la Agencia I+D+i, Alicia Caballero, afirmó en una reunión con el CIN que “no hay fondos” para llamar a nuevas convocatorias ni para actualizar los montos de los proyectos vigentes, pese a que la mayoría del presupuesto proviene de organismos internacionales. “Hay una decisión política de no financiar la ciencia argentina”, advierten desde la comunidad científica

Por Nadia Luna  
Agencia TSS – “Esta situación no tiene antecedentes en toda la historia de la democracia argentina”, dice Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, sobre la crisis que atraviesa el sistema científico argentino. “Desde que asumió este gobierno, estamos completamente desfinanciados. En mi caso, no recibo fondos desde enero y esa es la situación que se vive en todos los grupos de investigación. Es como si no tuviéramos plata ni para hacer las compras diarias del súper. No es que no te podés comprar una casa: no podés comprar lo mínimo indispensable para el funcionamiento cotidiano”, agrega.

Las últimas novedades sobre la ejecución de financiamiento para la ciencia argentina no son nada alentadoras. “La parálisis es total”, advierte la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), de la que Levi forma parte. Es que este martes, Alicia Caballero, presidenta de la Agencia I+D+i, uno de los principales organismos financiadores de proyectos de investigación del país, admitió en reunión con secretarios de Ciencia y Tecnología de las universidades que “no hay fondos” para llamar a nuevas convocatorias. De hecho, la última debería haber cerrado en marzo para proceder a la evaluación de los proyectos pero nunca se cerró.

Y no solo eso. Si bien Caballero afirmó que solo se pagará lo que “ya está firmado”, también señaló que los fondos no alcanzan para cumplir con la cláusula de “mejor presupuesto válido” de los PICT (proyectos de investigación científica y tecnológica) vigentes. Esta cláusula actualiza los montos adjudicados cada año para que no queden tan desfasados por la inflación, ya que se trata de proyectos que duran tres años. “Es una frase engañosa. Con ‘Lo firmado’, la presidenta quiso dar a entender que la financiación para los proyectos vigentes va a continuar. ¿Cuál es el problema? Que si no se cumple con la cláusula de mejor presupuesto, los montos serían tan irrisorios que es casi como desfinanciar los proyectos”, explica Levi.

Por otro lado, tampoco se dará curso al financiamiento correspondiente a la convocatoria del año pasado (PICT 2022), que ya había sido evaluada por el directorio de la Agencia y se había dado la nómina de qué proyectos iban a ser financiados. Eso fue antes de que Caballero asuma la presidencia, en marzo de este año. “Ella dijo que desconoce ese proceso, por lo que van a revisar todo. Encima hizo la observación de que para ella había muchos proyectos y becarios, así que se da a entender que no quieren financiarlos”, cuenta Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Tecnología de la UBA, quien estuvo presente en la reunión que la funcionaria mantuvo el martes con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La única justificación provista es la ya conocida frase “no hay plata”, pero la peculiaridad del caso es que la Agencia se financia fundamentalmente con créditos internacionales provenientes de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Por eso la excusa de que no hay plata no sirve en este caso porque la plata llegó, son préstamos en dólares. Hay una decisión política de no financiar la ciencia argentina”, sostiene Levi.

La paralización en los fondos de la Agencia I+D+i se suma al dominó de recortes que el sistema científico viene soportando en los últimos meses: reducción de las becas doctorales de 1300 a 600, la no renovación de 250 becas posdoctorales, el vaciamiento de organismos de CyT como el INTI, el Servicio Meteorológico Nacional y el ex MINCYT; la caída de los salarios de investigadores y docentes, en algunos casos, por debajo de la línea de pobreza.

“La falta de un desarrollo normal de paritarias universitarias, en un marco coherente con los índices de inflación, hace que tengamos una fuga de cerebros al sector privado y al exterior. Nosotros en la UBA tenemos casi tres mil investigadores de doble dependencia con CONICET. Un tercio cobra el sueldo de la UBA, entonces la no actualización del salario afecta tanto a los docentes como a los investigadores de mayor excelencia”, apunta Civallero.

Con respecto a la falta de insumos básicos para poder trabajar, cuenta que muchos investigadores pusieron plata de su bolsillo para poder comprarlos, contando con que iban a recuperarla a través de la cláusula de actualización del presupuesto que está vigente desde hace varios años. “Contaban con eso porque no es que la Agencia es nueva, tiene mas de 30 años y ha trascendido gobiernos de todos los colores políticos. Sin embargo, sin esa actualización no van a poder recuperar la plata que pusieron”, remarca.

Ante este panorama, Civallero cuenta que están trabajando en varios frentes. Por un lado, están haciendo un análisis en profundidad para entender qué acciones administrativas y legales pueden tomar respecto a los contratos firmados que no se cumplen. Por otro lado, están conversando con los decanos de las 13 facultades para dimensionar el impacto real en cada una. Además, están disponiendo de fondos propios para comprar insumos para ciertos equipos que si dejan de funcionar se rompen y no se pueden volver a prender.

En tanto, desde RAICYT están circulando un comunicado público para la búsqueda de adhesiones, que ya cuenta con unas ocho mil firmas. “Nuestra idea es hacer una actividad en el polo científico tecnológico el viernes que viene a las 11 para entregar ese petitorio y manifestarnos públicamente por esto que bautizamos como cientificidio. La consigna será ‘Ciencia en peligro de extinción’ y la idea es que pueda replicarse en las distintas provincias de la forma que consideren más adecuada”, finalizó Levi.