La propuesta del gobierno para el Presupuesto 2027 en la Función Ciencia y Tecnología amerita comenzar con una síntesis concreta: si se aprueba, casi la totalidad de los 17 organismos científicos de nuestro país contarán con (¡aún!) menos presupuesto que en el 2026, y todos ellos, junto con las Universidades Nacionales, tendrán una partida menor que en 2023 en términos reales.

*Por: Adriana Cristina Serquis-Fuente: Página 12

Mientras tanto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, donde podría estar abordándose la temática, tuvo una sola reunión ordinaria este año desde que fue constituida y su presidente, Martín Yeza, se resiste sistemáticamente a convocar a reuniones de trabajo pese al pedido sostenido y urgente de la comunidad científica.

Hecha esa primera observación, corresponde detenerse un momento para preguntarnos qué es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Su composición no es una arbitrariedad que debe dirimir cada Gobierno, sino que está definida por la Ley 25.467, sancionada el 29 de agosto de 2001 y que hoy está vigente. Conforme a lo establecido por esa ley, los 17 Organismos Públicos de Ejecución (OCTs) en materia científica son:

  1. ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud)
  2. APN (Administración de Parques Nacionales)
  3. BNDG (Banco Nacional de Datos Genéticos)
  4. CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)
  5. CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
  6. CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
  7. CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa)
  8. IAA (Instituto Antártico Argentino)
  9. IGN (Instituto Geográfico Nacional)
  10. INA (Instituto Nacional del Agua)
  11. INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero)
  12. INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)
  13. INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
  14. INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
  15. SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino)
  16. SHN (Servicio de Hidrografía Naval)
  17. SMN (Servicio Meteorológico Nacional)

A esto se suman las tareas de investigación de las Universidades Nacionales. Curiosamente, con el organigrama actual, hoy más de un 40% de los organismos se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

Se podría esperar que la función “Ciencia y Tecnología” del Presupuesto esté mayormente representada por las partidas destinadas a esos organismos. Y que, por lo tanto, si hay un incremento en la función respecto al año anterior, es precisamente porque esos organismos recibirán una partida mayor para financiar sus investigaciones. ¿Cómo se explica, entonces, que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 tenga un crecimiento del 13,3% respecto al crédito vigente del 2026, mientras que los organismos de mayor tamaño del sector como el CONICET, la CNEA, el INTI y el INTA tengan caídas de entre el 9% y el 18% respecto al año anterior? La razón es, simplemente, que no todo lo que el Gobierno incluye en la Función Ciencia y Tecnología se corresponde realmente con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de la Argentina.

La aguja de la Ciencia y la Tecnología en el pajar de su función

Sostener que, en caso de aprobarse el Presupuesto 2027, habrá más recursos para el sector científico-tecnológico es, lisa y llanamente, una trampa. Por empezar, un aspecto central para explicar el supuesto crecimiento de la función Ciencia y Tecnología es el hecho de que casi un 16% de la partida quedaría sin asignar a ningún organismo. Se trata nada menos que de 412 mil millones de pesos consignados como Obligaciones a Cargo del Tesoro que, al concentrar recursos para atender gastos generales sin destino específico, su administración es susceptible a una discrecionalidad mayor que otras partidas. El otro aspecto que explica el supuesto aumento de la partida es la asignación de recursos a gastos que nada tienen que ver con las funciones del sector.

Si alguna vez usaste el chatbot TINA -asistente virtual del Estado nacional argentino-, probablemente fue para hacer un trámite y no para hacer investigación científica ni desarrollar tecnología con valor agregado. Sin embargo, durante todo el 2026, el presupuesto asignado al mantenimiento y desarrollo de la app salió de la partida de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Otro ejemplo es el presupuesto asignado al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) –separado del área de ciberinteligencia por el Decreto 941/25–, que también sale de la partida de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo se explica que, teniendo por función la supervisión de políticas de seguridad “destinadas a proteger el ciberespacio”, no caiga en un área acorde a su función? Es evidente que la función CyT está “inflada” por programas que nada tienen que ver con el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país.

En 2027, el absurdo se agrava: mientras aumentan casi un 700% partidas como “Tecnologías de la información y las telecomunicaciones” (vinculada al acceso a servicios de conectividad, internet, telefonía y digitalización del Estado), las partidas que efectivamente tienen que ver con Ciencia y Tecnología, incluyendo los presupuestos de los 17 organismos del sector, caen un 14% respecto al 2026 y acumulan una caída de casi el 90% respecto al 2023.

Algunos ejemplos de organismos que darían un rojo respecto a 2026 son CONICET (-9.3%), CNEA (-17,9%), INTA (-18,4%) e INTI (-17,9%). Vale aclarar que esta reducción equivale a cavar un foso en el fondo del mar, dado que estos organismos llegan así a su tercer año consecutivo de erosión presupuestaria: todos acumulan entre un 40 y un 60% de pérdida de sus capacidades reales comparado con 2023.

En el caso del CONICET, el Presupuesto 2027 prevé una caída del 9,1% en su masa salarial, acumulando un 39,9% desde 2023. Esto implica que el poder adquisitivo de quienes trabajan en el organismo ha sido reducido incluso por debajo del promedio de la administración pública nacional. Pero además, el presupuesto prevé una caída de becas y, en menor medida, de cargos de la Carrera de Investigador Científico (CIC) y del Personal de Apoyo (CPA). Algo que se agrava al recordar que solo en julio 375 becarios y becarias posdoctorales perdieron su trabajo, y que más de 1000 profesionales aguardan aún la efectivización de cargos concursados (¡y ganados!) hace años.

Un caso excepcional (por lo terrorífico) es el de la Agencia I+D+i: si bien su partida aumenta un 12.5% respecto al año anterior, es la institución del sector que más perdió sus capacidades desde diciembre del 2023, con un 76,1% menos de presupuesto en términos reales. Cabe destacar que la Agencia supo ser el principal órgano de administración de recursos para proyectos de todo el sistema científico, e incluso, de parte del sector PyME. Su instrumento emblema de financiamiento, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) dejaron de otorgarse desde 2023, desconociendo las convocatorias 2022 (oportunamente evaluada y adjudicada) y 2023. Los subsidios de Apoyo a la Investigación Científica (AIC) jamás se ejecutaron pese a contar con fondos internacionales para poder hacerlo. Mientras, los menos de 400 becarios y becarias que quedan en el organismo (sobre los más de 1200 que solía haber) cumplieron ya 32 meses con su salario congelado, y por debajo de la línea de pobreza.

El ansiado y cada vez más lejano 1% del PBI

Las universidades nacionales, a fuerza de movilizaciones masivas y una lucha sostenida, han logrado que el Congreso vote ni más ni menos que 5 veces una ley que garantiza un presupuesto mínimo para sostener sus funciones básicas. Ley que el Gobierno se empeña en incumplir, y que volverá a desconocer si se aprueba el Presupuesto 2027: sobre los más de 11 billones de pesos que el CIN estimó en su anteproyecto para garantizar los alcances de la ley, el Gobierno respondió con un presupuesto de casi la mitad.

Algo similar ocurrió con el sector científico durante los primeros años del actual Gobierno: la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada sin votos negativos en el año 2021 por buena parte de los mismos bloques que hoy integran la composición actual del Congreso, garantizaba un crecimiento escalonado de la función CyT para llegar en el año 2032 a un 1% del PBI. Una meta que está cada vez más lejos. Durante los primeros años de Milei, la ley se incumplió deliberadamente: no sólo no creció la partida, sino que cayó considerablemente.

Cuando se consultó al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al respecto de las razones de dicho incumplimiento, respondió que no cumplían con la ley porque “no tiene consecuencias”. Claro que se referían a las consecuencias legales: para el sector, las consecuencias ya empezaban a ser tangibles. Sin embargo, en el Presupuesto 2026, lograron además derogar los artículos de la Ley 27.614 que garantizaban el crecimiento presupuestario del sector. Por lo tanto, desde entonces, desfinanciar la Ciencia y la Tecnología en Argentina dejó de ser ilegal.

El Presupuesto 2027, aun con las partidas infladas por los artilugios que ya se mencionaron, agranda la brecha presupuestaria respecto a lo que establecía para ese año la Ley 27.614: mientras la Función CyT debería ocupar un 0.59% del PBI, de aprobarse el Presupuesto, será de apenas un 0.18%. Una diferencia de 0,41 puntos que acrecienta la brecha del año anterior, cuando era del 0.38%.

Las Malvinas son argentinas. Nuestra Ciencia y Tecnología, también

Preguntarse para qué queremos alcanzar la soberanía científico-tecnológica es absolutamente válido. Una aproximación a responder a esa pregunta es con otra pregunta: ¿a qué países nos queremos parecer? No para dejar de ser el nuestro, claro está: Argentina es un país maravilloso, único. Si no existiera, habría que inventarlo. La pregunta apunta, más bien, a ciertos ejes específicos: educación, salud, bienestar económico, y un largo etcétera. Probablemente, al momento de responder esa pregunta, pensemos en países que tienen una inversión muchísimo mayor en Ciencia y Tecnología de la que tiene el nuestro. Y eso no es casualidad: las virtudes que tienen esos países están precisamente facilitadas por tener un sector científico-tecnológico consolidado. Ejemplos de nuestro país son la fabricación de vacunas hasta la biotecnología agrícola, pasando por la autonomía digital y la elaboración de políticas eficientes basadas en las Ciencias Sociales y las Humanidades, como la reducción de embarazos adolescentes, la restitución de cuerpos de personas desaparecidas y el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Argentina tiene menos de 3 profesionales de la Ciencia y la Tecnología por cada 1000 habitantes de su población económicamente activa. Finlandia tiene 17. De hecho, en promedio, los países de la Unión Europea tienen casi 10. Mientras tanto, Argentina desempleó a casi 8 científicos y científicas por día desde que comenzó este Gobierno. Actualmente, casi todos los organismos tienen una dotación por debajo de la que el propio gobierno de Macri fijó en su momento como óptima a través del Decreto 434/2016. No necesitamos reducir nuestra dotación científica: necesitamos multiplicarla. Varias veces.

Necesitamos más presupuesto, y que ese presupuesto esté articulado a un proyecto de desarrollo nacional, productivo y con valor agregado. Sorprende ver el aumento presupuestario destinado a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): ¿es para producir más satélites y consolidar nuestra soberanía geoestacionaria, o para mejorar su precio de venta al primer postor? Las partidas destinadas al Reactor Argentino Multipropósito RA-10, ¿son para cubrir el autoabastecimiento de radioisótopos o para garantizar la provisión a potencias mundiales antes que la nuestra? Las inversiones en Inteligencia Artificial, ¿son para instrumentar mejoras en la vida de la población o para posicionar a la Argentina como un laboratorio experimental del extractivismo de datos?

A todos los posibles escenarios negativos que se desprenden de esas preguntas les respondemos con una certeza que nos dejó un artista irrepetible: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. A cada partida, una contrapropuesta. A cada proyecto de claudicación, uno superador. A cada necesidad, un derecho. No es un eslogan, es una promesa: seguiremos aquí, seguiremos resistiendo. Porque esto también pasará, y cuando haya pasado, todo lo que hagamos hoy será la base de la refundación de nuestra Ciencia y Tecnología, de nuestra soberanía, de ese suelo bicontinental maravilloso desde donde fueron escritas estas palabras.

Por ahora, como diría una gran científica argentina, nos toca dejar el pesimismo para épocas mejores.

*Diputada nacional por Unión por la Patria. Física argentina, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.