A través del Decreto 780/2024, la actual administración restringe el derecho a la información pública y además, se erige en el salvaguarda de la “buena fe”
A través de la publicación en el Boletín Oficial del día 2 de septiembre, la administración actual del Estado Argentino, modifica la reglamentación la Ley Nº27.275 de 2016 de Acceso a la Información Pública.
Mediante éste mecanismo y sin haber realizado ninguna consulta a organismos especializados, se intenta opacar el acceso a información vital vinculada a las decisiones tomadas en temas tan importantes como las Relaciones Exteriores o Defensa, pues también se modifica el capítulo de Información Reservada.
A partir de ahora, queda en manos de los funcionarios públicos, definir qué es información pasible de ser conocida por los ciudadanos y qué no…cualquier parecido con un régimen feudal y absolutista NO es coincidencia. Toda esta serie de decretos y los que vendrán, están protegidos por las leyes sancionadas en el Congreso de la Nación en tiempos recientes, por lo que resulta improbable que sean rechazados por las Cámaras de nuestros representantes.
Escribimos éstas líneas como crónica de una muerte anunciada, la de la Libertad de Expresión y de la Democracia.
