La PIAP, proveedora de uno de los principales insumos de las centrales nucleares del país, está paralizada y se enfrenta al abandono por parte del Gobierno, que pasó de querer reactivarla a ponerle el cartel de venta. Mientras tanto, sus empleados realizan un acampe frente a la gobernación neuquina exigiendo su reapertura para volver a trabajar.
Por Matías Alonso
Agencia TSS – Las tres centrales nucleares de potencia que funcionan en la Argentina, Atucha I y II, y Embalse, usan uranio natural como combustible y agua pesada como moderador. La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) llegó a ser la empresa productora de agua pesada más grande del mundo y ha sido proveedora de las centrales argentinas así como también ha exportado a otros países. Durante los últimos dos años, el futuro de la empresa ha sido incierto y dependió de los diferentes presidentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En octubre del año pasado, terminó el contrato de Conservación y Mantenimiento que se había firmado con la empresa estatal neuquina ENSI, y hoy los trabajadores están de paro por tiempo indeterminado acampando frente a la gobernación de esa provincia.
La PIAP fue diseñada e instalada en Arroyito, Neuquén, a mediados de los años ’80, con la idea de que tuviera capacidad para producir los insumos de seis a ocho centrales, de acuerdo con el plan nuclear de entonces. Pero esos reactores de potencia no se pudieron construir y la planta quedó sobredimensionada, aunque funcional a las necesidades del país. La planta tiene capacidad para producir 200 toneladas al año de agua pesada, aunque su récord fueron las 188 toneladas anuales porque siempre ha sufrido limitaciones de suministro de electricidad o gas. Su última gran producción fueron las 640 toneladas de agua pesada para Atucha II.
En el año 2015, estaba en funcionamiento esperando la construcción de una nueva central con financiamiento chino pero estos planes se suspendieron con la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos y en 2017 se paralizó su producción y se despidió a la mayoría de sus empleados. Gracias a la resistencia de los trabajadores se pudo mantener la planta para que no se deteriore por la falta de uso.
En enero pasado, la CNEA cambió de presidente y con él los planes para la PIAP. Se anunció que la planta se pondría nuevamente en funcionamiento y que se haría una licitación para modernizar las instalaciones. El Gobierno anunció que el plan de modernización insumirá entre 50 y 60 millones de dólares, que permitirá producir 100 toneladas de agua pesada anuales. En los últimos dos años hubo visitas de funcionarios de cinco empresas internacionales diferentes con interés en la planta pero no se llegaron a concretar planes para su puesta en marcha.
Rubén Méndez, empleado de la PIAP y delegado por ATE, comentó: “Hoy somos 120 trabajadores. En 2017 nos querían hacer parar la planta, que es algo que no se puede porque las cañerías con amoníaco se deterioran si no se hace un mantenimiento. Nosotros no queríamos parar y seguíamos trabajando hasta que hubo una amenaza de bomba y tuvimos que salir. Después la investigación de eso quedó en la nada, pero ya no pudimos arrancar más. Ahí nos congelaron los salarios, dieron retiros voluntarios y nos pagaban en cuotas. Cuando se fue Macri habíamos quedado 84 trabajadores. Macri nos destruyó, antes éramos 450. Con el Gobierno anterior pudimos sumar a algunos trabajadores que se habían ido y eran necesarios para mantener la planta. Eso fue gracias a un contrato de mantenimiento de 24 meses y después venía el de alistamiento para volver a producir agua pesada, que solo se llegó a firmar. El contrato era hasta febrero de 2025 y ahí el expresidente de CNEA, Germán Guido Lavalle, nos anunció que no iba a seguir el contrato entre ENSI y CNEA que se firmó en 1991, que establecía que ENSI era la garante de las instalaciones”.
Actualmente, ENSI, la empresa neuquina de servicios de ingeniería cuya propiedad es 51% de la provincia de Neuquén y 49% de la CNEA, sigue a cargo del mantenimiento de la PIAP porque CNEA no tiene esa capacidad pero no hay un contacto que la ligue con la planta. Mientras tanto, los trabajadores de la PIAP están de paro por tiempo indeterminado ya que recién el 10 de marzo les terminaron de pagar los salarios, y el mes pasado cobraron en tres cuotas. Según ENSI, esto se da porque CNEA no envía los fondos para los salarios, y desde la CNEA dicen que es el Ministerio de Economía no les gira el dinero. “Los trabajadores de la empresa tenemos puesta la camiseta de la PIAP. Somos trabajadores de la planta de agua pesada, somos del sector nuclear, y siempre hicimos todas la tareas que tienen que ver con el cuidado de la planta. Queremos producir agua pesada. Yo tengo 32 años en la planta y los más nuevos tienen 12 años porque hace mucho que no se toma gente nueva. Estamos en una situación compleja”.
En mayo de 2025, la empresa canadiense de centrales nucleares CANDU firmó un memorando de entendimiento con la CNEA para demostrar su interés en la PIAP y mantenerla como proveedor de agua pesada. Canadá, junto con India, son los mayores impulsores de este tipo de reactores, y por lo tanto socios estratégicos de la Argentina. “Canadá firmó una carta de intención en donde declaraba que quería que siguiéramos produciendo y que ellos podrían llegar a ser nuestro cliente pero no se comprometieron en nada con nosotros. Canadá necesita vender centrales nuevas y les viene bien que nosotros estemos trabajando. Pero no estaban interesados en meterse en la producción y hacerse cargo de la planta. En septiembre del año pasado, la provincia hizo un llamado internacional para ver si había otros potenciales clientes que quisieran comprar agua pesada y manifestaron interés cinco empresas, de las cuales tres estaban muy interesadas en comprar. Según la necesidad de esas tres, teníamos que producir 90 toneladas durante ocho años. La provincia estuvo buscando inversores para la planta, ya que la CNEA de Guido Lavalle no estaba interesada y necesitamos unos 100 millones de dólares para tener las dos lineas de producción activas y para renovar la electrónica de control y seguridad. Estaban las cosas casi cerradas pero la CNEA no firmaba los papeles y de repente cambió la gestión y Martín Porro, el nuevo presidente, vino con una idea completamente opuesta y quieren renovar la planta mediante una licitación internacional. No quieren que lo haga ENSI porque quieren rifar todo a extranjeros”, dijo Méndez.
Según el Gobierno, se están gastando un millón de dólares por mes para conservar la planta aunque luego de su puesta en marcha puede volver a dar ganancias. Hace algunos años, se hizo un estudio para analizar la posibilidad de usar las líneas de producción de amoníaco de la PIAP para hacer una fábrica de fertilizantes y así mejorar la rentabilidad. Esto demandaría una inversión de 750 millones de dólares y al aprovechar las instalaciones industriales de la PIAP sería un 20% más barato que hacerlo en otra ubicación. En la coyuntura actual, con el estrecho de Ormúz cerrado (por donde pasan un tercio de los fertilizantes del mundo) esta opción toma mayor dimensión, especialmente para asegurar el rendimiento de los campos argentinos. “Esto, originalmente, se pensó como un complejo fabril en el que se pudieran instalar muchas fábricas asociadas a la producción de la PIAP. Tanto es así que cuando yo entré, en 1993, el cartel decía ‘Complejo Fabril Planta Industrial de Agua Pesada’”, dijo Méndez.
“La semana pasada empezamos un paro por tiempo indeterminado porque nos informaron que no había plata para pagar los salarios y que iba a depender de la CNEA hasta que saliera la licitación en cuatro a seis meses. No nos vienen cumpliendo nada y pedimos que se firme un nuevo contrato con ENSI hasta que se adjudique la licitación o definan qué va a pasar con nosotros. Estamos con un acampe frente a la gobernación, que tiene la mayoría de la acciones de la empresa, y no se están haciendo cargo. A nosotros los que nos interesa es volver a trabajar y que la planta empiece a producir nuevamente. La empresa ha dado muestras sobradas de que puede ser estatal, producir bien para el país y exportar. Lo que queremos es que el Estado se beneficie de esta inversión que hizo”, dijo el trabajador.
