La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) organizó el encuentro “¿Qué está pasando con la Ley de Glaciares?”, en el que un panel de especialistas expuso acerca de las principales razones por las cuales aprobar la reforma implicaría un retroceso en materia ambiental para la Argentina.
Por Nadia Luna __Agencia TSS
– La Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley nacional para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar, allá por el año 2010. Sin embargo, hoy tiene media sanción en el Senado un proyecto que busca modificar esa norma, flexibilizando la protección de esas reservas hídricas, quitando autoridad al organismo científico que realizó el Inventario Nacional de Glaciares y delegando en las provincias la facultad de autorizar emprendimientos extractivos, como la minería.
Previo a su tratamiento en la Cámara de Diputados, se realizó una audiencia pública, a la que numerosos científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron como irregular porque, pese a que hubo más de 102.000 inscriptos para participar, a la jornada presencial realizada el miércoles 25 solo pudieron ingresar 196 personas. En las inmediaciones del Congreso Nacional, que estaba vallado, muchos de los que no pudieron entrar realizaron una manifestación poniendo reposeras en la vía pública, con un mensaje conciso y claro: “La Ley de Glaciares no se toca”.
En este marco, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) organizó el encuentro “¿Qué está pasando con la Ley de Glaciares?”, en el que un panel de expertas disertó sobre las principales razones por las cuales aprobar la reforma implicaría un retroceso en materia ambiental. La charla se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA el jueves 19 y contó con la participación de Agostina Rossi Serra, bióloga del equipo de campañas de Greenpeace; María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales; Victoria Lichtschein, directora ejecutiva de la Fundación Biodiversidad; y Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de FARN.
“Lo que está en juego hoy no es solo una ley, es la seguridad hídrica del país”, afirmó Rossi Serra durante el encuentro. La bióloga explicó que la Ley de Glaciares es un régimen de presupuestos mínimos que protege tanto a los glaciares como al ambiente periglaciar. “Uno cuando piensa en glaciares, se imagina el Perito Moreno, esa majestuosa masa de hielo gigante, pero hay mucho más que eso. El ambiente periglaciar es agua retenida en el suelo, como los glaciares de escombro, que tienen entre un 50 y un 70% de agua en su interior. Y también está el suelo congelado o permafrost, que es hielo que se encuentra tanto en superficie como en la profundidad del suelo”, explicó.
De izq. a der.: María Bladimirsquy (moderadora, Centro de Derechos Humanos UBA), María Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales), Victoria Lichtschein (Fundación Biodiversidad), Camila Mercure (FARN) y Agostina Rossi Serra (Greenpeace).
A partir de la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realizó un Inventario Nacional en el que se identificaron alrededor de 17.000 glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes, que alimentan 36 cuencas hídricas que recorren gran parte del territorio nacional y llegan a más de 7 millones de personas de manera directa.
“Los que no estamos en esa zona también recibimos los beneficios del agua de deshielo, ya que alimenta cuencas que son importantes para las economías regionales y los ecosistemas en los que nos encontramos. Sin embargo, en la reforma se plantea que si el glaciar tiene relevancia hídrica va a estar protegido, y si no, no. Esto es incorrecto, técnicamente, porque todos los glaciares y el ambiente periglaciar, por contener agua en su interior, son reservas estratégicas de agua dulce”, remarcó Rossi. Y advirtió: “Glaciar que se pierde es agua que no se recupera”.
A su turno, Mercure señaló que, debido al cambio climático, existe evidencia científica del retroceso de los glaciares, por lo cual cobran mayor importancia las leyes que buscan protegerlos. Por ejemplo, la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Argentina que, en su artículo 22, menciona explícitamente a los glaciares y al ambiente periglaciar, y establece la necesidad de fortalecer su protección, en vez de flexibilizarla.
Por otro lado, la especialista se refirió a otro debate que está en boga, vinculado a la minería -sobre todo de litio- y la transición energética. “Ni la transición de los países del norte, ni la nuestra, puede ser a expensas de destruir o degradar nuestros ecosistemas, porque los glaciares, al igual que el resto de los ecosistemas, son sumamente necesarios para poder enfrentar el cambio climático de manera integral e inclusiva”, remarcó.
En tanto, Lichtschein, que ejerció diversos cargos directivos de la Administración Pública Nacional en el área de fauna y flora, y en conservación de la biodiversidad, señaló que es importante que el Gobierno nacional y los provinciales sigan trabajando juntos en materia ambiental. “Los recursos naturales no reconocen fronteras. Por eso, nosotros siempre nos juntábamos a acordar su manejo junto con representantes de las provincias y sería positivo que siga siendo así”, indicó.
La audiencia pública por la Ley de Glaciares fue denunciada como irregular por científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil porque, pese a que hubo más de 102.000 inscriptos, solo pudieron ingresar 196 personas al Congreso.
Según la experta, uno de los aspectos más graves de la reforma es que quedará como decisión de la provincia definir la relevancia hídrica de un glaciar y, en caso de definir que no la tiene, no solo lo puede sacar del inventario provincial, sino también pedirle al IANIGLA que lo saque del inventario nacional. “Decirle ‘sacá ese glaciar’ a un organismo independiente que usó metodología científica para armar el inventario es una falta de respeto. Además, dicen que si el IANIGLA no acepta hacerlo, la provincia igual le puede dar permiso a la minera para avanzar sobre el glaciar. Eso es terrible”, agregó.
Testa coincidió en señalar que el corrimiento del IANIGLA como autoridad científica es grave porque los que hacen el informe de impacto ambiental frente a un proyecto minero forman parte de los gobiernos provinciales y no tienen independencia política, mientras que el IANIGLA garantiza esa independencia. Además, existe una importante asimetría entre gobiernos provinciales y mineras a la hora de negociar acuerdos, por lo que dejarles la autoridad solamente a ellos implicaría una mayor debilidad institucional.
“Hay una idea de que con la reforma las provincias están recuperando la soberanía sobre los recursos naturales pero, en realidad, implica una fragmentación territorial de la política ambiental y provoca un caos regulatorio, porque las provincias que tengan menores regulaciones y menos requisitos van a recibir más inversiones. Esto significa una carrera hacia la baja en términos de calidad institucional y de regulación en materia ambiental en toda la nación”, concluyó Testa.
El próximo paso legislativo que buscarán dar los defensores de la reforma es que se emita un dictamen de comisión para llevar el proyecto a votación en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, la reforma se convertirá en Ley. De todos modos, diversas organizaciones socioambientales y legisladores opositores anticiparon que, en caso de aprobarse, judicializarán los cambios al considerar que son regresivos y que violan leyes ambientales y compromisos internacionales.
