Así lo resolvió la Legislatura Provincial de Santa Cruz, luego de reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, buscando fortalecer el rol de Estado ante las operadoras

Se buscará contemplar planes de inversiones a corto plazo, resolución de conflictos en tribunales argentinos, además de un canon por yacimiento o área abandonada, entre otros.

En la última Sesión Ordinaria del 2020, la Legislatura Provincial sancionó una Resolución que atañe al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz y el marco regulatorio para el otorgamiento de las concesiones, buscando fortalecer el rol del Estado santacruceño ante las distintas operadoras petroleras.

La misma fue impulsada por el presidente de la bancada del Frente de Todos, Matías Mazú, y gira en torno a solicitar al Poder Ejecutivo el diseño de “un nuevo marco regulatorio de los acuerdos de concesión, sus prórrogas y causales de rescisión, para la explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”, el que deberá elaborarse en un plazo de 180 días, previo consenso con el Consejo Provincial Hidrocarburífero.

Este nuevo marco normativo para las concesiones de la actividad, deberá contemplar “el control y la fiscalización de los permisos y concesiones; los planes de inversiones a corto plazo; las obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, pago de cánones y regalías; un régimen sancionatorio de multa, suspensión, caducidad y cualquier otra sanción, previsto en la Ley Nacional 17.319, su reglamentación, y en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos; además de un canon por yacimiento o área abandonada”.

La iniciativa es en respuesta a la paralización de la actividad en distintas áreas, donde se advierte que, si bien las inversiones pautadas han sido cumplimentadas, las mismas fueron realizadas durante los primeros años de esas concesiones, y no de manera sostenida en el tiempo, lo que origina el abandono de la actividad en distintos yacimientos, y por ende, la caída de reservas, de los niveles de producción y exploración, de cobro de regalías, además del peligro que corren los puestos de trabajo, tanto de manera directa como indirecta, perjudicando también las empresas subcontratistas.

También se prevé que este nuevo marco regulatorio contemple que las diferencias en materia de procesos administrativos que luego las partes consideren necesario resolver en la Justicia, se realicen en “tribunales o mediante árbitros con jurisdicción nacional”. Esto es a partir de la información comunicada el martes en la Comisión de Energía y Combustibles.

Fuente: Tiempo Sur